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Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Temas de especial interés para el Relator Especial

     
    Pena capital
    (a) la conveniencia de abolir la pena capital
    (b) un juicio imparcial

    (c) restricciones en la aplicación de la pena capital

    Impunidad



    Pena capital
    Las acciones del Relator Especial en respuesta a denuncias de violaciones del derecho a la vida relacionadas con la pena capital han estado guiadas por los siguientes principios:
    (a) La conveniencia de abolir la pena capital;

    (b) La necesidad de garantizar un juicio imparcial;

    (c) El respeto de las restricciones en la aplicación de la pena capital



    a. Conveniencia de abolir la pena capital
     
    El derecho internacional aún no prohibe la pena de muerte propiamente dicha, la conveniencia de abolir la pena capital ha sido expresada por distintos órganos de las Naciones Unidas en diversas ocasiones, entre ellos, el Consejo de Seguridad 1/, el Comité de Derechos Humanos 2/ y la Asamblea General (resoluciones 2393 (XXIII), 2857 (XXVI) and 39/118).

    En la misma dirección va el informe del Secretario General sobre la pena capital (E/1995/78 y Add.1 y Add.1/Corr.1), sometido al Consejo Económico y Social en 1995 y el estudio mundial llevado a cabo por la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidast sobre la pena capital 3/. Además el Relator Especial ha sido informado de que a los nuevos miembros del Consejo de Europa se les pide que firmen en el plazo de un año, y ratifiquen en el de tres años contados a partir de su ingreso en la organización, el Sexto Protocolo Facultativo del Convenio Europeo, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte, y que declaren de manera inmediata la suspensión de las ejecuciones.

    Cabe también señalar que el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que, "En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos...". En sus comentarios sobre el artículo 6 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos afirmó que la expresión "los más graves delitos" debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional. Además, el parrafo 1 de las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, aprobado por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984, afirma que la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.

    Habida cuenta de que la pérdida de la vida es irreparable, el Relator Especial apoya decididamente las conclusiones del Comité de Derechos Humanos y subraya que la abolición de la pena capital resulta en extremo conveniente para lograr el respeto pleno del derecho a la vida. También desea señalar que si bien existe un derecho fundamental a la vida, no existe nada parecido a un derecho a la pena capital.

    El Relator Especial acoge con agrado la sentencia dictada en 1993 por el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la máxima instancia judicial para los Estados miembros del Commonwealth, según la cual la ejecución de una condena a muerte cinco años después de haberse dictado constituía un castigo cruel e inhumano. La Corte Suprema de Zimbabwe adoptó una conclusión similar en otro caso. Al mismo tiempo el Relator Especial ha expresado su preocupación de estas decisiones pudieran alentar a los gobiernos a ejecutar las condenas a muerte más rápidamente.



    b. Juicio imparcial

    Al vigilar la aplicación de las normas existentes en relación con la pena capital, el Relator Especial ha dirigido su atención en particuar a los procedimientos que llevan a imponer una pena capital. En todos los casos se deben respetar las salvaguardias y las debidas garantías del proceso, tanto en la etapa anterior al juicio como durante el juicio propiamente tal, con arreglo a lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales4/.

    El Relator Especial desea reiterar que los juicios que conducen a la imposición de la pena capital deben regirse por las más estrictas normas de independencia, competencia, objetividad e imparcialidad de jueces y jurados, de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. Los acusados que se expongan a la pena capital deben contar con un abogado defensor competente en todas las etapas del proceso. Se presumirá la inocencia de los acusados hasta que se haya demostrado su culpabilidad sin que quede lugar a ninguna duda razonable, procediéndose con el máximo rigor al acopio y la valoración de las pruebas. Además, se deben tenerse en cuenta todas las circunstancias atenuantes y se debe garantizar que en el proceso todos los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas de la causa puedan ser examinados por un tribunal superior, integrado por jueces que no sean los que conocieron la causa en primera instancia. Se debe garantizar asimismo el derecho del acusado a solicitar el indulto, la conmutación de la pena o una medida de gracia.

    Preocupa especialmente al Relator Especial la imposición de la pena capital por jurisdicciones especiales, que se crean a menudo como reacción ante actos de violencia cometidos por grupos de disidentes armados o ante situaciones de disturbios civiles, para acelerar los procesos que terminan en la imposición de la pena capital. Estos tribunales especiales carecen muchas veces de independencia, porque en ocasiones los jueces están sujetos al poder ejecutivo o son oficiales del ejército en servicio activo. Los plazos que suelen fijarse para la tramitación del juicio en sus diversas etapas en dichas jurisdicciones especiales menoscaban gravemente el derecho de los acusados a una defensa adecuada. El Relator Especial está asimismo preocupado por las limitaciones que se imponen al derecho de apelación en estas jurisdicciones especiales. Ello resulta especialmente inquietante porque esas jurisdicciones especiales se crean por lo general en situaciones en que ya se están cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos.

    Resultan sumamente inquietantes las denuncias sobre el hermetismo que rodea los procesos y la imposición de la pena capital en varios Estados. A ese respecto, el Relator Especial subraya la importancia fundamental del derecho a un juicio público. Se ha señalado también a su atención que en algunos países las autoridades son muy reticentes a revelar información estadística sobre la pena capital. Se ha puesto asimismo de manifiesto que este hermetismo perjudica a los familiares de los condenados, a quienes no se informa con antelación de la fecha de su ejecución y no tienen derecho a que se les entregue el cadáver después de cumplida la sentencia. En relación con ello, el Relator Especial quiere llamar de nuevo la atención sobre la resolución 1989/64 (véase el párrafo 84), en la que el Consejo Económico y Social insta a los Estados Miembros a que publiquen, respecto de cada categoría de delito para la que se prescribe la pena de muerte y, de ser posible anualmente, información sobre el uso de la pena de muerte, inclusive el número de condenados a muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo, el número de condenados en espera de ejecución, el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas en recurso y el número de casos en los que se ha concedido la gracia.



    c. Restricciones en la aplicación de la pena capital

    Con arreglo al derecho internacional está prohibido imponer la pena capital a los delincuentes juveniles. El párrafo 5 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que "no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad...". Este principio se ha incorporado y reiterado en otros instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. También está prohibido imponer la pena de muerte a los deficientes mentales, los dementes, las embarazadas y las madres jóvenes.



    Impunidad
    En los cuatro informes que ha presentado a la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial ha hecho una amplia referencia a la obligación de los Estados de investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación del derecho a la vida para identificar, someter a la justicia y castigar a los autores, conceder una reparación adecuada a las víctimas o a sus familiares y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro5/.

    Además, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado, tanto en sus observaciones generales sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en diversas ocasiones, que los Estados Partes tienen la obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos, en particular las que afectan a la integridad física de la víctima; someter a la justicia a los responsables; pagar una indemnización adecuada a las víctimas o sus familiares; e impedir la reiteración de dichas violaciones.

    El Relator Especial ha seguido recibiendo informes según los cuales se continúa faltando gravemente a las señaladas obligaciones. La impunidad sigue siendo la causa principal de la constante violación de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. La forma en que reacciona un gobierno por acción u omisión, ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus agentes revela con claridad el grado de su disposición a garantizar la protección efectiva de esos derechos. Muy a menudo las declaraciones en que los gobiernos proclaman su compromiso de respetar los derechos humanos quedan contradichas en la práctica por las violaciones y la impunidad. El Relator Especial considera que, incluso si en circunstancias excepcionales los gobiernos deciden que los autores podrán acogerse a medidas que los eximan del castigo o limiten la severidad de éste, subsiste la obligación de los gobiernos de juzgarlos y considerarlos responsables ante la ley 6/.

    En algunos casos, la causa fundamental de la impunidad son leyes que impiden enjuiciar a los autores de violaciones de los derechos humanos. En otros casos, pese a la existencia de disposiciones jurídicas para el enjuiciamiento de los autores de violaciones de los derechos humanos, en la práctica persiste la impunidad.

    Se ha informado de que con frecuencia las autoridades no toman medidas ante las denuncias presentadas por las víctimas, sus familiares o sus representantes o por entidades internacionales, especialmente el Relator Especial. En ese contexto, cabe recordar que los gobiernos están obligados ex officio a investigar las denuncias tan pronto como se señalen a su atención, especialmente en los casos en que sea inminente la presunta violación del derecho a la vida y en que las autoridades deban adoptar medidas eficaces de protección. No obstante, la mayoría de las veces en algunos países no se efectúan investigaciones. En otros, a pesar de que se inician pesquisas éstas nunca llegan a su término o, en caso de que así sea, las sentencias que se imponen a los autores no están de acuerdo con la gravedad del delito. Hay casos en que se declara culpables a funcionarios de baja categoría mientras quienes ocupan cargos directivos eluden su responsabilidad. Las víctimas y/o testigos de violaciones de derechos humanos que colaboran en las investigaciones, también han estado sujetas a intimidaciones y a amenazas de muerte.

    Además, la impunidad se ha visto favorecida también por problemas relacionados con el funcionamiento del poder judicial, en particular su independencia e imparcialidad. En algunos países no existe un poder judicial independiente que pueda efectuar las investigaciones, o el sistema judicial no funciona en la práctica. En los países en que el sistema judicial no funciona correctamente resulta conveniente que se apliquen reformas para que pueda cumplir efectivamente sus funciones. En algunos casos, que merecen trato especial dada su naturaleza o gravedad excepcionales, los gobiernos podrán estudiar la posibilidad de crear comisiones especiales de investigación, que deberían cumplir los mismos requisitos de independencia, imparcialidad y competencia que los jueces de tribunales ordinarios. Se deberían hacer públicos los resultados de sus investigaciones y sus recomendaciones tendrían que ser obligatorias para las autoridades. Preocupa al Relator Especial que en algunos casos no se cumplen en la práctica las señaladas recomendaciones, o éstas no reúnen los requisitos señalados, adquiriendo el carácter de instrumentos para eludir la obligación de emprender investigaciones exhaustivas, ágiles e imparciales de las violaciones del derecho a la vida.

    El Relator Especial expresa su preocupación por las informaciones sobre los procesos de los miembros de las fuerzas de seguridad ante los tribunales militares donde, se supone, quedan exentos de sanciones por un malentendido esprit de corps, que conduce por lo general a la impunidad.

    En este contexto debe hacerse referencia all establecimiento de tribunales internacionales con arreglo a las resoluciones 808 (1993) y 955 (1994) del Consejo de Seguridad para juzgar ciertos delitos graves, como las violaciones del derecho a la vida cometidas en la antigua Yugoslavia y en Rwanda. El Relator Especial acoge con satisfacción estas iniciativas y hace un llamamiento a todos los gobiernos a cooperar plenamente con estos tribunales con objeto de que los autores de los delitos cometidos en la antigua Yugoslavia y Rwanda sean declarados culpables. Se han expresado inquietudes por la aparente aplicación de criterios selectivos respecto de los países para los cuales se han creado tribunales internacionales. En realidad, la antigua Yugoslavia y Rwanda no son las únicas zonas de conflicto en que las violaciones en gran escala de los derechos humanos y el derecho humanitario justifican crear una institución de este tipo.

    El Relator Especial considera que se podrían adoptar dos medidas para contribuir a desvirtuar la impresión de que hay selectividad, así como a plantear el problema de la impunidad de manera más amplia e imparcial. Estas medidas son: a) la creación de un tribunal penal internacional permanente con jurisdicción universal sobre las violaciones en gran escala de los derechos humanos y el derecho humanitario; se debería dotar a ese tribunal penal internacional de un mandato adecuado y recursos suficientes para permitirle efectuar investigaciones a fondo y hacer cumplir sus decisiones; y b) la aprobación de una convención, análoga a la Convención contra la Tortura, en virtud de la cual se ampliaría al plano internacional la jurisdicción de los tribunales nacionales sobre los sospechosos de haber cometido violaciones en gran escala del derecho a la vida. En dicha convención deberían también figurar disposiciones para la concesión de una compensación a las víctimas, por ejemplo, mediante un fondo voluntario.



    Notas:
    1/   El Consejo de Seguridad que, en sus resoluciones 808 (1993) de 22 de febrero de 1993 y 955 (1994) de 8 de noviembre de 1994 sobre el establecimiento de jurisdicciones penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Rwanda respectivamente, proscribió la pena capital y estableció la privación de la libertad como la única pena que podrían imponer estos tribunales por delitos tan abominables como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. [de vuelta al texto].


    2/   En sus observaciones sobre el artículo 6 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos observó que esta disposición "se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrafos 2 y 6 del artículo 6) que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben ser consideradas un avance en el disfrute del derecho a la vida [de vuelta al texto].


    3/  Quinto estudio sobre la pena capital y la aplicación de las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (1995)[de vuelta al texto].


    4/  Artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, así como la resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social [de vuelta al texto].


    5/  VéasePrincipios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, que detalla las obligaciones mencionadas y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley [de vuelta al texto].


    6/ Véase el principio 19 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que afirma que "En ninguna circunstancia,... sse otorgará inmunidad general previa de procesamiento a las personas supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias." [de vuelta al texto].

 
 
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