El Dr. Cephas Lumina es el actual Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. En general, el Experto Independiente desarrolla investigaciones analíticas y lleva a cabo misiones de país con el objetivo de trabajar con los Gobiernos, Naciones Unidas, actores no gubernamentales y otras partes involucradas sobre temas dentro del ámbito de su mandato.

En su séptimo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 7/4, del 19 de marzo de 2008, mediante la cual decidió prorrogar el mandato del procedimiento especial por un período de tres años, y redefinirlo con el nombre de “Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”.
El Consejo de Derechos Humanos le encomienda al titular del mandato:

• Prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

(a) Las consecuencias de la deuda externa y de las políticas aprobadas a fin de hacerles frente para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo;

(b) Las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas para la capacidad de los Estados de formular y aplicar sus políticas y programas, que incluye la existencia de un presupuesto nacional que responda a los requisitos fundamentales para la promoción del ejercicio de los derechos sociales;

(c) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países en desarrollo, especialmente los más pobres y los muy endeudados;

(d) Los nuevos acontecimientos, las medidas y las iniciativas tomadas por las instituciones financieras internacionales, otros órganos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con respecto a las políticas de ajuste estructural y los derechos humanos;

(e) La cuantificación de normas mínimas para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio;

(f) La intensificación de las consultas con todos los interesados relevantes en el cumplimiento de este mandato;

• Que en su informe anual analítico al Consejo, estudie más detalladamente las interconexiones con el comercio y otras cuestiones, como el VIH/SIDA, cuando examine las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y que también contribuya, cuando proceda, al proceso al que se ha encomendado el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, con miras a señalar a su atención el amplio alcance de su mandato;

• Que solicite a los Estados, organizaciones internacionales, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, comisiones económicas regionales, instituciones financieras internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales sus opiniones y sugerencias sobre su proyecto de directrices generales, con miras a perfeccionarlas como corresponda y presentar un proyecto actualizado de directrices generales al Consejo en 2010;

• Que coopere con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Asesor, los procedimientos especiales, los mecanismos y los grupos de trabajo pertinentes del Consejo cuyos mandatos se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, como parte de su labor de perfeccionamiento del proyecto de directrices generales;

• Que en 2009 presente al Consejo un informe analítico sobre la aplicación de la presente resolución, de conformidad con su programa anual de trabajo, y que presente un informe de avance sobre el tema a la Asamblea General en su sexagésimo tercer período de sesiones.