En el pasado bienio se ha llegado a un firme entendimiento con los Equipos de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés UN Country Team ) en los países de la subregión sobre la necesidad de incorporar de forma sólida las preocupaciones en materia de derechos humanos dentro de la programación en los países. Para facilitar este proceso, así como para reforzar la capacidad de la Oficina para prestar asesoramiento a los gobiernos de la región acerca de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, se nombrará un Oficial Superior de Derechos Humanos dentro del UNCT en Georgia para trabajar en los tres países de la región.

Programa 2006-2007

La labor del Oficial Superior de Derechos Humanos se centrará en las siguientes áreas:

Las actividades se realizarán en el marco de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y de los procedimientos especiales pertinentes, a través de talleres de seguimiento y cursos de formación, así como de asesoramiento técnico específico para la modificación de la legislación o la formulación de políticas y la aplicación de estrategias. Las áreas prioritarias incluyen la administración de justicia, el sistema penal y la protección de grupos vulnerables.

Se llevará a cabo una evaluación completa de los planes nacionales de desarrollo y de los documentos de estrategias de lucha contra la pobreza, así como de los programas de los UNCT. Sobre la base de esta evaluación, se diseñarán actividades para seguir aplicando los enfoques basados en los derechos humanos a las estrategias de desarrollo económico y reducción de la pobreza.

Las estrategias serán elaboradas con el objetivo de fortalecer los mecanismos locales de protección y reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos.

Los funcionarios públicos, la sociedad civil y el público en general tendrán un mejor conocimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y de cómo traducirlas en políticas nacionales, particularmente en la administración de justicia.

Una mayor capacidad y compromiso de los gobiernos en la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, en particular las relacionadas con grupos vulnerables.

Una mayor aplicación del enfoque basado en los derechos humanos a los programas de desarrollo económico y reducción de la pobreza por parte de gobiernos, UNCT y organizaciones regionales.

Una mayor protección de los defensores de los derechos humanos por parte de los organismos nacionales pertinentes.